Ya conocemos sobradamente los resultados de las elecciones generales que se acaban de celebrar. Más vivo que nunca está el debate de si se plasma correctamente la voluntad popular en el reparto de escaños entre los diferentes partidos políticos. Los satisfechos no dicen nada; sin embargo, los agraviados expresan su malestar y hablan de injusticia. Tras las denuncias, los culpables habituales: la ley d’Hondt y las circunscripciones electorales.
La ley d’Hondt se emplea en un buen número de democracias. Al aplicarla no se obtiene un reparto de escaños proporcional al reparto de votos. Más bien se caracteriza por favorecer a los partidos mayoritarios y permite el establecimiento de mayorías absolutas cuando la diferencia de votos entre el partido ganador y el segundo es apreciable. Opino que no se puede decir que este sistema no sea lo suficientemente democrático, ya que siempre gobierna la lista más votada, a la que se permite desarrollar un proyecto más o menos completo durante el mandato. En un sistema puramente proporcional, el número de pactos, disensiones, encuentros y desencuentros entre las múltiples formaciones obligadas a ponerse de acuerdo para constituir un gobierno devendría en un caprichoso guirigay raramente beneficioso para la ciudadanía.
Por otra parte, la división del territorio en circunscripciones obedece a un principio netamente democrático como es respetar el derecho de las minorías. Si no existiera dicha división se impondrían siempre los intereses y la voluntad de los ciudadanos que viven en las áreas más pobladas sobre los de aquellos que viven en las zonas menos pobladas. Así, es justo contrapesar la voluntad de la mayoría, que se expresaría fenomenalmente votando todos en la misma urna, con un criterio territorial de reparto. Tal vez el problema español consista en que las Cortes Generales consten de dos cámaras y en ambas rigen ambos criterios: poblacional y territorial, de manera que la combinación resulta un tanto confusa. En efecto, en el Congreso de los Diputados hay un mínimo de dos escaños por provincia y el resto se asignan por población. En el Senado una parte deriva del sufragio directo de cuatro senadores por provincia y el resto es escogido por las Comunidades Autónomas de acuerdo con, de nuevo, el reparto de la población.
Puestos a conceder la razón a los críticos con este sistema, yo abogaría por que en cada cámara rija uno solo de los criterios explicados -tal y como sucede en las Cortes de los Estados Unidos-. Además no me convence el hecho de elegir a representantes que elijan a representantes, con lo que el sufragio de todos los senadores debería ser directo. Por último, y aunque esto no se está poniendo en duda estos días, ganaríamos en división de poderes si la elección del jefe del gobierno fuera también directa en unos comicios separados.
El sistema electoral del reino favorece excesivamente unas estructuras de poder herederas de la denominada Transición. Entonces se buscó, por una vía democrática, garantizar el mínimo de estabilidad institucional donde incubar el cargamento de reformas socioeconómicas e institucionales necesarias para el ingreso del país en el club del desarrollo económico, por la puerta del bloque atlántico. Mucho se ha dicho y escrito acerca de si lo que se buscó en realidad era una fórmula, amparada interesadamente en el respeto a las nacionalidades históricas, destinada a neutralizar la creciente fuerza electoral de un Partido Comunista que ya cosechaba el reconocimiento social sembrado en las sacrificadas clandestinidades de la lucha antifranquista. Al igual que sucede hoy con los eufemísticamente llamados mercados financieros, entonces la guerra fría de bloques era un condicionante político de primer orden y la brújula que apuntaba hacia el norte de los nihil obstat necesarios.
En mi opinión el tiempo avanza muy deprisa y en contra de semejante herencia, cada vez más apoltronada y devenida en fermento tóxico para lo minoritario, precisamente la sal y la pimienta de lo democrático. Puestos a añorar lo que podría haber sido y no fue, yo sí que preferiría un cierto alboroto parlamentario en el que al menos cada ciudadano vea suficientemente reflejada la intención de su voto en las iniciativas y correlaciones de fuerzas legislativas. Creo que con ello se reduciría la creciente apatía cívica, se favorecería una toma de posición más responsable frente al poder, una cultura del poder más respetuosa con el ciudadano representado y se canalizaría institucionalmente mucho del compromiso cívico que hoy se disipa irremediablemente.
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